Entrar

Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Program)

Descargar Dossier de Servicio

Desde la entrada en vigor del Código Penal en 1995 y hasta el año 2010 regía en nuestro ordenamiento jurídico el principio clásico por antonomasia «societas delinquere non potest», es decir, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos.

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal operó una modificación legal muy relevante aboliendo de nuestro sistema jurídico penal el viejo aforismo romano. A partir de ahora, la reforma convierte a las personas jurídicas (incluidas Sociedades mercantiles Estatales, partidos políticos y sindicatos) en sujetos penalmente responsables, al margen de las concretas personas físicas que las integren, y de ser sancionadas por ello.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se dispone en el artículo 31 Bis y siguientes del Código Penal, dando lugar a un estatuto propio y/o especial para dichas personas.

Las personas jurídicas solo pueden ser penalmente responsables por un numerus clausus de delitos que señala el propio Código Penal, estos son:

El criterio de atribución elegido por el que las personas pueden resultar penalmente responsables de cualquiera de los delitos atribuidos a éstas es doble, es decir, en dos supuestos:

  1. De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  2. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

En especial, este segundo criterio de imputar la responsabilidad por haberse incumplido las obligaciones de supervisión, vigilancia y control de su actividad genera una obligación de especial y cuidada trascendencia para las empresas. Este sistema de debido control y de cumplimiento es en lo que inciden los sistemas de «Corporate Compliance».

Las penas aplicables a las personas jurídicas, consideradas de carácter grave, son las siguientes:

  1. Multa por cuotas o proporcional.
  2. Disolución de la persona jurídica.
  3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
  7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

El sistema de compliance no solo está pensado para grandes organizaciones sino también para las PYMES (y así lo señala el propio Código Penal al hablar de personas jurídicas de pequeñas dimensiones). La única vía por la que la sociedad y, en su caso, el administrador, pueda ver exonerada su responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus trabadores es tener instaurado un sistema de Compliance dentro de la organización. Así lo refleja el propio art. 31 bis. 2 al establecer la exención de la empresa cuando el órgano de administración haya adoptado y ejecutado modelos de organización y gestión que incluyes las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir el riesgo de su comisión.

Por tanto, el contenido que deberá incluir los sistemas de debido control o de compliance son:

Adaptación LOPD
Contacte con nosotros para exponernos su caso o pedir un presupuesto totalmente personalizado. Tenemos la solución integral de adaptación LOPD cualesquiera sean las circunstancias de su empresa. La experiencia y profesionalidad de nuestra plantilla le garantiza un servicio de la máxima calidad.